Selección de artículos, ensayos y documentales alternativos para quienes buscan la verdad más allá de la televisión y los medios de información oficiales!

El fín del "Fin de la Historia"

Consecuencias e impacto de los movimientos de indignación del 2011.

Moloch, o la sociedad industrializada en la poesía de Ginsberg

También la segunda parte de Aullido, poema de Moloch, narrado por Ginsberg para la BBC en 1964

El síndrome de Hecatón y la religión del capital

Extracto del libro "Política del Rebelde: Tratado de resistencia e insumisión" escrito por el filósofo Michael Onfray.

Cultura, por William Ospina

Los mandatarios sólo deberían hacer lo que les mandemos. Pero ellos saben bien que, para ponerlos en su sitio, nada nos hace tanta falta como la cultura que nos recortan.

11 Principios de la propaganda moderna.

Principio de la exagera­ción y desfigura­ción: Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Joseph Goebbels

lunes, 22 de noviembre de 2010

La minería en el bolsillo de las multinacionales y en el ojo crítico de los pueblos indígenas

Durante la apertura del Foro de los Pueblos Indígenas "Minería, Cambio Climático y Buen Vivir", que reúne a un centenar de delegados, el presidente de la Confederación nacional de comunidades del Perú afectadas por la minería (Conacami), Magdiel Carrión, dijo que su país tiene "los brazos abiertos para todos los movimientos de resistencia que han dicho no a la minería".

"Venimos enfrentando un grave problema de contaminación por la explotación de nuestros territorios por parte de empresas trasnacionales", afirmó Carrión, que representa uno de los sectores indígenas más radicales contra las actividades extractivas en Perú. Añadió que "la razón de los desastres naturales" se da "cuando la mano del hombre trata de sacar los recursos de la tierra en beneficio de algunas personas".

Carrión saludó los pasos dados por los Gobiernos de Bolivia y Ecuador a favor de la protección de sus recursos naturales, y demandó al Estado peruano a que cumpla la ley de consulta previa, que le da a los pueblos indígenas la facultad de decidir sobre las actividades en su territorio y que fue devuelta por el Ejecutivo al Legislativo.

Sólo en la Amazonía, que comparten ocho países suramericanos, hay 300 pueblos nativos que, en opinión del presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para temas indígenas, Carlos Mamani, están desprotegidos por sus propios Estados. "Lo que preocupa a los pueblos indígenas es que la suerte de los pobladores (en zonas destinadas a la minería) depende de las grandes empresas", dijo Mamani en entrevista con Efe.

El representante del Foro Permanente agregó que "es difícil hablar de ausencia del Estado" en naciones como Colombia o Perú, porque lo que ocurre es un vacío deliberado del Estado para facilitar la violación de los derechos de los indígenas. Hay una asociación entre los intereses de las élites que administran el poder y de las empresas trasnacionales", indicó.

La minería creció durante este año un 43% en Perú, con inversiones por 2.700 millones de dólares (de enero a septiembre pasado), según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Mamani explicó que las comunidades nativas promueven el respeto a la naturaleza, como la base de su filosofía del "Buen Vivir", pues la tierra tiene una relación estrecha con el ser humano. El portavoz añadió que es necesario establecer una ética de comportamiento y de uso racional de los recursos, pero remarcó su negativa a la minería porque "la mina es muerte y contaminación".

Durante la inauguración, que estuvo precedida por un ritual de pago a la tierra y música folclórica, el presidente de Conacami envió su felicitación al líder indígena Alberto Pizango, que hoy anunció su intención de postular a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año.

El foro se celebrará hasta el próximo sábado en el Museo de la Nación de Lima, con el objetivo de consensuar una postura de las naciones nativas con miras a la convención sobre el cambio climático anunciada para fines de este mes en Cancún (México).

Cambiar el modelo para resolver los conflictos mineros. Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir

Panel "Minería y desarrollo extractivo. Impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas" plantea la articulación de estrategias en defensa de los derechos y de la Madre Tierra.

La expansión minera en el continente es consecuencia del modelo neoliberal extractivista y solo cambiando este modelo será posible evitar los impactos de la minería, plantearon los integrantes del segundo Panel Central del Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, quienes destacaron la necesidad de articular las estrategias de los pueblos afectados.

Participaron en este panel, titulado "Minería y Desarrollo Extractivo. Impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas", Armand Mackenzie, indígena Innu de Canadá; Mario Valencia, colombiano, de la Alianza Social Continental; David Pereira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador; y Julia Cuadros, peruana, Subdirectora de CopperAcción. El moderador fue Javier Sánchez, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Armand Mackenzie relató que su familia vivía cerca de una comunidad minera. Sus padres se dedicaban a la caza. Pero con la minería, sus actividades empezaron a cambiar. "Mi papá trabajó en una mina por muchos años, pero nunca pudo formar parte del sindicato porque era un indígena", señaló.

"Debemos reconocer los avances que significa el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son dos instrumentos legales que debemos tener en cuenta. En este punto debemos poner mayor énfasis. Porque en comunidades como las suyas que enfrentan los impactos de las minas, debemos recurrir a espacios internacionales para defender nuestros derechos", subrayó el indígena Innu.

Todos estamos pasando estas experiencias en nuestras comunidades, que dan como resultado destrucción de nuestras montañas, contaminación, pobreza, indicó. Por ello, "cuando llega una minera, debemos luchar para que se respeten nuestros territorios y el derecho al consentimiento previo, libre e informado".Informó que la forma en que se conducen las empresas mineras en Guatemala, Perú, Chile y otros países ha sido tema de debate en Canadá durante un mes. "Hemos formado parte de un proyecto de ley que habla sobre la protección de pueblos y comunidades frente a las actividades mineras en la región. Y la misión para la revista para la que trabajo en Canadá es denunciar los abusos de las mineras en estos países"

Las compañías canadienses, reconoció, son las que más vulneran los derechos en los países latinoamericanos. Son un tema pendiente en Canadá, donde siempre se habla de responsabilidad social corporativa.

Mario Valencia, de la Alianza Social Continental, informó que la Red Colombiana frente a la gran minería transnacional nació en febrero de este año con 48 organizaciones, para trabajar de manera unificada.

Fue enfático en señalar que el problema de la minería es el problema de la sociedad y del modelo económico, impuesto por las potencias del norte a los países del sur. "La solución al problema de la minería, debe pasar por la solución de los problemas económicos y sociales. Por el cambio de modelo", subrayó.

La expansión minera, explicó, tiene que ver con la necesidad de los países ricos de controlar los recursos, el suelo, el subsuelo y hasta la atmósfera, para que sus industrias sigan funcionando. Para ello utiliza los tratados de libre comercio, el fomento a las inversiones. O las bases militares y la invasión directa.

En el caso colombiano, el 30 de octubre del 2009, Álvaro Uribe firmó un acuerdo con Estados Unidos entregándole el control de todas las bases militares.

En esta etapa, dijo, lo que se busca es resolver la crisis financiera y hacer que el dólar siga comprando barato todo lo que hay debajo de la tierra (petróleo, minerales). Y los proveedores somos los países suramericanos, desde México hasta Chile.

Hoy la minería es el mayor negocio especulativo financiero en el mundo. Esto va acompañado con la disminución del control de los Estados lacayos del capital extranjero, que renuncian a su papel fiscalizador y se enorgullecen del boom minero, que es la toma de los recursos, los territorios, la soberanía, indicó Valencia.

Agregó que los países latinoamericanos se han vuelto expertos en eso: Perú, México y Colombia son para el Banco Mundial los países donde hay más facilidad para hacer negocios. El 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión por las trasnacionales.

Los impactos ambientales de la minería a cielo abierto son irreversibles, advirtió. Despojan territorios y reprimarizan la economía. Es una actividad excluyente: donde hay minería a cielo abierto, solo hay eso, ninguna otra actividad.

"Solo podemos detenerlos con la movilización, la lucha y la mayor unidad. Los pueblos indígenas solos, los trabajadores solos, los campesinos solos, no podrán. Con la creación de la red colombiana nos hemos puesto de acuerdo en un solo punto de consenso: defender la soberanía de nuestro territorio y recuperar el control de las riquezas naturales. Lo que se plantea es una lucha: o se quedan las transnacionales con nuestros territorios o nos quedamos nosotros, los dos nos cabemos", concluyó.

David Pereira informó que en El Salvador no hay minería metálica a nivel de industria. "Hay una férrea lucha de las comunidades con la presión de empresas transnacionales que quieren entrar a nuestros territorios y tienen permiso de exploración".

Relató que han desarrollado un proceso de debate y sensibilización, articulando a las organizaciones en la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. Hicieron movilizaciones, se tomaron los cerros donde las empresas estaban explorando. Las comunidades lograron expulsar a dos empresas.

Inicialmente –recordó- hubo diferentes planteamientos: unos hablaban de moratoria, otros de reformar la ley, otros más de centrarnos en la minería a cielo abierto. Pero los impactos son los mismos, así que decidimos que la lucha era: no a la minería metálica. Empezamos la pelea en octubre de 2005. A mediados del 2006, luego de mucho invitar al Ministro del Medio Ambiente, este por fin asistió a un foro.

El ministro en reunión privada reconoció que estamos en pañales sobre el conocimiento de los impactos de la minería. "Ustedes nos han abierto los ojos con sus estudios. Ustedes hagan una propuesta de ley que prohíba la minería metálica y yo gestiono el respaldo de los diputados de mi partido, dijo... En diciembre sacaron al ministro. Pero ya muchos sectores, incluso la iglesia, se habían sensibilizado".

En El Salvador, destacó, estamos ante la posibilidad de lograr una ley que prohíba la minería metálica. Pero se podría anular este logro porque países vecinos sí la tienen. Como sucede con Guatemala, que afectará el río más grande de nuestro país. Son cuencas compartidas, por eso nos planteamos la lucha contra los impactos de proyectos mineros transfronterizos. Y estamos en la tarea de construir alianzas regionales.

Para Julia Cuadros, la riqueza del Foro se basa en la diversidad de realidades y experiencias. CooperAcción acompaña cuatro casos: Río Blanco, Las Bambas, Doe Run y Tintaya.

El Perú, informó, vive una alta conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, el 50% de los conflictos en el Perú son socioambientales y de ellos 80% son por industrias extractivas (70% por minería). La causa fundamental es la expansión territorial de la minería, porque afecta derechos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, con las que la minería compite por agua y tierra, dos recursos escasos.

Advirtió que hay zonas que nunca estuvieron pensadas para la minería y ahora están siendo concesionadas: Apurimac, la Amazonia. Y que para ello el modelo económico requiere flexibilizar las normas, desaparecer los controles. Y so pretexto del Tratado de Libre Comercio, se dieron más de cien decretos legislativos, algunos de los cuales vulneraban directamente derechos indígenas: ese fue el origen de la Masacre de Bagua de junio del 2009. El Ejecutivo, además, ha vetado el dictamen de ley de consulta aprobado por el Congreso de la República, finalizó.

martes, 16 de noviembre de 2010

La última de Monsanto: Patentar la carne de cerdos alterados con sus productos

Las empresas de semillas transnacionales siguen empeñadas en hacerse con el control de los recursos básicos de la producción de alimentos. Una investigación realizada recientemente muestra que no sólamente las plantas genéticamente modificadas, sino cada vez más los métodos de cultivo de plantas convencionales están en el centro de interés de los monopolios de patentes. Es más, estas transnacionales están ampliando sus pretensiones sobre la cadena de producción de alimentos completa, empezando por el pienso para animales hasta llegar a los productos alimentarios como la carne. En una solicitud de patente pendiente, Monsanto reiclama incluso el tocino y el filete: a través de la solicitud de patente WO2009097403; reclama la carne procedente de los cerdos alimentados con plantas genéticamente modificadas patentadas por esta transnacional.

Una patente similar de Monsanto fue presentada en marzo de 2010 para el pescado y otros organismos acuáticos (WO201027788). Algunas patentes sobre alimentos que van muy lejos han sido incluso otorgadas: Monsanto recibió una patente europea (EP1356033) en 2009 que abarca la cadena de producción de alimentos desde las semillas de plantas genéticamente modificadas hasta llegar a los productos alimentarios como la carne y el aceite.

Las solicitudes de patentes internacionales en este ámbito han aumentado de forma considerable; desde el 2007 hasta finales del 2009 se han duplicado. Las empresas que lideran las solicitudes de estas patentes son Monsanto, Syngenta y Dupont.

"Es un proceso que está teniendo lugar, las multinacionales intentan ganar un control cada vez mayor sobre toda la cadena de producción de alimentos. Los consumidores, agricultores, criadores y cultivadores se encuentran todos atrapados por la misma trampa. Hay que considerar esto como un intento amoral de abuso de la ley de patentes. Las empresas tienen como objetivo maximizar sus beneficios presentando patentes sobre alimentos mientras que al mismo tiempo mil millones de personas están sufriendo hambre," dice François Meienberg de la Declaración de Berna.

Como muestran las experiencias hechas en los Estados Unidos, las patentes sobre semillas están conduciendo a una creciente concentración del mercado y a un incremento drástico de los precios de semillas, a una menor selección de semillas y a una elevada dependencia de los
agricultores. Los criadores y cultivadores están perdiendo el libre acceso al material de cría o de cultivo lo que tiene un impacto negativo para la innovación. Entretanto, el Ministerio de Justicia y los fiscales generales de varios estados norteamericanos están investigando si la empresa Monsanto ha abusado de su poder de mercado para excluir a sus competidores y aumentar el precio de las semillas.

La coalición del 'No a las Patentes sobre Semillas' advierte que la concentración en el mercado incluso aumentará si no se detiene este abuso de la ley de patentes. La coalición cuenta con el apoyo global de más de 200 organizaciones. Las organizaciones exigen un cambio claro de la política y de la práctica de las oficinas de patentes. A los gobiernos se les pide con insistencia que revisen la ley de patentes para excluir las patentes sobre semillas, animales y parte de ellos.
Patente de Monsanto
Alerta contra Monsantorización

Tomado de: http://inforganic.com/content/monsanto-reclama-la-patente-de-la-carne-de-cerdos-alimentados-con-sus-transg%C3%A9nicos

¿Se acabó la recocha? Los crimenes del Uribismo finalmente anunciados por los medios

QUE RELAJO!
Tomado de Semana.com

"Esto es un despelote". Con esa expresión, palabras más palabras menos, responde cada uno de la nueva camada de directores de entidades del Estado cuando se les pregunta cómo encontraron las dependencias a su cargo. Aunque, en aras de la precisión, decir "despelote" es poco ante la catarata y el tamaño de los escándalos que han brotado en el último mes y las ollas podridas que se han destapado por doquier.

Al contrario de lo que se podría esperar de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que salió con una aprobación de 80 por ciento en las encuestas, los hechos recientes indican que dejó la casa en un alto grado de desorden. Y la gran paradoja es que en un gobierno, en teoría, uribista es que han sacado todos los trapitos al sol.

Un día antes de asumir el poder, el entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, le dijo a Uribe y a su gabinete en pleno que no iba a mirar para atrás: "En mi gobierno no va a haber espejo retrovisor". Y es posible que haya cumplido su palabra, pues la mayoría de los escándalos han estallado en medios de comunicación.

Pero poner el espejo retrovisor no es el problema, lo grave es que lo que se ha destapado no es un simple corte de cuentas por resultados sino que en algunos casos toca el terreno de lo penal. No es común que a un gobierno que llega, como el de Juan Manuel Santos, en menos de 100 días le toque buscar cómo liquidar el departamento de seguridad adscrito a la Presidencia (DAS), tenga que pedir a la Fiscalía que allane e intervenga al departamento dedicado a administrar bienes incautados a los narcotraficantes (Estupefacientes) y produzca un devastador informe sobre un fondo creado para apoyar la lucha contra el secuestro (Fondelibertad) que ya provocó la renuncia de dos altos funcionarios del Estado: la directora del CTI y el coordinador de Planeación de Acción Social. Y eso por mencionar tan solo tres de las nueve ollas podridas que se han destapado.

Es muy grave lo que venía ocurriendo en estas entidades que, si bien conforman la segunda línea del gobierno, desempeñan un papel crucial, pues fueron creadas para ejecutar las políticas de los ministerios.

Dirección Nacional de Estupefacientes
“El parque de diversiones de la mafia”
El nuevo director, Juan Carlos Restrepo, lo dijo de manera contundente: “Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia”. Y si esto lo dice el encargado de manejar 76.000 bienes incautados a los narcotraficantes, indica que la situación es grave.

Por eso, el gobierno tomó una de las decisiones más drásticas que se han conocido: denunció los desmanes ante la Fiscalía y decidió intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué pasó? Como por arte de magia, se desaparecieron de la base de datos de la DNE todo tipo de bienes y predios que habían sido decomisados por la Fiscalía. Ocurrió, sobre todo en el segundo semestre de 2009, que con un simple delete una propiedad salía automáticamente de la órbita del Estado y cualquiera podía hacer uso de ella. El diario El Tiempo denunció que dos empleados de Summa –el consorcio encargado de actualizar y blindar la base de datos de la DNE– aparecen borrando predios o alterando datos de una de las haciendas emblemáticas del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, y de más de 33.000 hectáreas incautadas a los narcos del norte del Valle.

También se descubrió que testaferros de la mafia terminan como depositarios de los bienes. Un ejemplo es Montecasino, una mansión en un exclusivo sector de Medellín que pertenecía al jefe paramilitar Carlos Castaño (foto). Según El Tiempo, a pesar de que en 2007 pasó a la DNE, hoy la ocupan testaferros de la familia Castaño, y el arriendo de 10 millones de pesos por ese terreno de 30.000 metros cuadrados no lo pagan desde comienzos de 2008.

Juan Carlos Restrepo, en entrevista con SEMANA, dibujó una situación de caos total. Un informe interno detectó no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática y, según él, prácticamente cualquiera, incluso ex funcionarios y ex contratistas de la DNE, podía meter la mano en la base de datos de los 76.000 bienes. Y un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos para depurar el inventario lo que hizo fue desordenar el que había.

Incoder
El Estado les quitó tierra a campesinos para dársela a narcos
Cuando Juan Manuel Ospina llegó al Incoder no podía creer lo que vio: no solo no se les habían devuelto las tierras a los campesinos despojados, sino que, peor aún, el Estado había adjudicado las tierras de desplazados a testaferros de los narcotraficantes. En un primer barrido en todo el país encontró 184 de estos casos. El ministro Juan Camilo Restrepo, sin pelos en la lengua, explicó que personas “muy cercanas al paramilitarismo” infiltraron el Incoder y, tras el desplazamiento de los labriegos, “esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”.

Y al parecer, esa aberración era vox pópuli. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, anotó: “Eso ocurrió en casi todo el país (…) los campesinos dejaban las tierras y perdían la tenencia. Entonces, funcionarios del Incoder las adjudicaban a veces a amigos de grupos armados ilegales o élites políticas regionales”.

Para remediar ese entuerto, el ministro Restrepo, en una decisión sin precedentes, anunció que apelará a la “excepción de inconstitucionalidad”, y antes de abril el gobierno entregará 300.000 hectáreas a 130.000 familias por restitución directa –es decir, anulará decisiones ilegítimas– o por adjudicación –entrega de baldíos–.

Fondelibertad Por contratos a dedo ya cayeron dos altas cabezas
L­os colombianos ni siquiera sabían que existía una entidad llamada Fondelibertad. Pero la vienen a conocer ahora, 15 años después de creada, por un escándalo que se comenzó a destapar hace dos semanas y que ya le ha costado la cabeza al que fue director de ese fondo en el gobierno de Uribe, Harlan Henao, quien renunció esta semana a su cargo en Acción Social de la Presidencia de la República, así como a la directora del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez, salpicada por algunos contratos.

La historia es sencilla. Fondelibertad maneja al año 25.000 millones de pesos que debe utilizar para luchar contra el secuestro y apoyar a los Gaula. El problema es que, según una auditoría del Ministerio de Defensa revelada por Caracol Radio, se encontraron “despilfarro y desorden” en contratos de los tres últimos años.

Son tres las principales denuncias. La más grave es un paquete de 200 contratos celebrados presuntamente sin cumplir la ley, en el que aparecen periodistas y funcionarios del gobierno. Los más sonados son los firmados por el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y por familiares de la directora del CTI: uno de su hermana por 65 millones, otro de su hijo por 50 millones y un tercero con una firma Fares, donde la propia Marilú aparece como conferencista. El segundo caso es un contrato por 5.000 millones con Codispar, para el mantenimiento del parque automotor, en el cual se encontraron perlas como, por ejemplo, que repararon no solo los vehículos de Fondelibertad, sino también otros sin dueño conocido. Y la tercera denuncia es por la compra de equipos que “podrían poner en riesgo” al personal que ejecuta los rescates, según dijo el director de los Gaula Militares. El presidente Santos anunció que Fondelibertad será intervenida.

Banco Agrario ¿Préstamos a cambio de aportes a la campaña?
El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien.

Los problemas comenzaron hace unas semanas, cuando El Espectador denunció que el paquete de préstamos a los floricultores (230.000 millones de pesos) era una cartera de difícil cobro –ya hay 32.000 millones vencidos– y La W y el columnista de SEMANA Daniel Coronell revelaron que los dueños de algunas de las empresas beneficiadas con los créditos aportaron plata a la campaña a la Presidencia del ex ministro Andrés Felipe Arias. De los 117 donantes, 43 pertenecían al gremio y dieron aportes por 114 millones de pesos. Sin embargo, la hoy ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña de Arias, precisó la semana pasada en el Congreso que el aporte de personas vinculadas con dicho gremio solo ascendió al 4 por ciento del total.

Aún más escandaloso es que los préstamos quedaron en pocas manos. Según denunció El Espectador, en una misma oficina de la calle 93, en el norte de Bogotá, funcionan 14 empresas conocidas como del grupo Nanneti, y el Banco Agrario les giró cerca de 75.000 millones de pesos.

¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas.

Como si eso fuera poco, el ministro Restrepo también dejó sin piso un decreto que les daba 50.000 millones de pesos más en subsidios a los floricultores y que había sido firmado siete días antes de terminar el gobierno anterior.

Inpec
Los parapolíticos son los que mandan
El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho repetidamente que nadie quiere aceptar ser director del Inpec. Y no es para menos. El instituto, que no ha brillado por su buena fama, hace unas semanas fue protagonista de un nuevo escándalo: los otrora pesos pesados de la política, que ahora están presos, se pasean como Pedro por su casa por las calles de Bogotá. El nuevo portal kienyke.com publicó un video en el que aparece el ex senador Humberto Gómez Gallo paseando en el norte de Bogotá.

La estrategia es fácil: el preso pide permiso para salir a una cita médica u odontológica y de inmediato la obtiene. El propio Ministro fue quien denunció esta anomalía y luego El Tiempo publicó en detalle los campeones de esos permisos. William Pérez, el ex gobernador de Casanare, ha salido de la cárcel 55 veces, para unas supuestas citas de arreglo de sonrisa; el ex senador Vicente Blel consiguió 54 permisos; el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, 40, y los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, no menos de 25. Pero en la práctica, más que al médico o al odontólogo, cumplen citas con amigos y socios políticos.

Pero eso no es todo. El ministro Vargas Lleras también denunció que hay irregularidades con las manillas electrónicas para quienes gozan de detención domiciliaria. “Se ha detectado que el recluso sale de su casa y no tenemos manera de capturarlo ni de revocarle la detención domiciliaria, porque regresa antes de 72 horas”. La semana pasada, por ejemplo, una mujer que tenía esta manilla fue detenida en Pereira vendiendo droga.

Dian Feria de puestos y de contratos
En la Dian, según el reporte de su nuevo director, Juan Ricardo Ortega, hicieron fiesta con la contratación. Cuando asumió el cargo se dio cuenta de que el gobierno anterior vinculó en los últimos meses a 379 supernumerarios más de los presupuestados y a otros les aumentó el sueldo, con lo cual se le abrió un hueco en el presupuesto de 84.000 millones de pesos. El desbarajuste en materia de personal es tal que hay más de 100 demandas que reclaman el derecho a la igualdad salarial.

Por otra parte, también ha salido a relucir un contrato, por cerca de 55.000 millones de pesos, entre la Dian y un consorcio cuya mayoría pertenece al hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El contrato se firmó en 2006 –por 11 meses y luego tuvo dos adiciones– para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. En él, según un informe de lasillavacia.com, brillan las irregularidades. La firma interventora, por ejemplo, está relacionada con la familia Nule, que también hacía parte del consorcio contratista; plata que debía utilizarse en un laboratorio de químicos incautados se le entregó al consorcio para la construcción de unos ascensores que hoy están en una bodega; la sede central se entregó dos años después de lo prometido y en otras sedes del país el Estado tuvo que gastar en arriendos por los incumplimientos de los contratistas.

DAS
La verdadera mano negra
A­unque el escándalo del DAS se destapó hace más de dos años, cuando SEMANA reveló las ‘chuzadas’ ilegales, el gobierno de Álvaro Uribe no logró remediar el problema y le dejó esta terrible herencia a Santos. En sus 50 años de existencia, ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia nunca había atravesado una crisis tan profunda. Desde el inicio del gobierno anterior, el DAS entró en un proceso de descomposición que nunca se detuvo. Con Jorge Noguera, el primer director nombrado por Uribe, estallaron escándalos sobre la infiltración paramilitar, denuncias sobre la participación del DAS en el asesinato de sindicalistas y el descubrimiento de redes de esa entidad que trabajaban para narcotraficantes. El segundo director, Andrés Peñate, anunció una reestructuración que nunca se cumplió, así como tampoco logró neutralizar las mafias internas. Peñate y los dos directores que lo reemplazaron, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, terminaron investigados por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. En total, 52 funcionarios del DAS son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, 18 de ellos están privados de la libertad y seis funcionarios de alto nivel ya confesaron.

Ingeominas
Se dieron títulos mineros a diestra y siniestra
Por la fiebre del oro que se ha tomado al mundo, en los últimos años en Colombia, de manera muy silenciosa, se empezaron a disparar las solicitudes de títulos mineros. Hasta hoy se han otorgado 8.828 de estos títulos, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera.

El ministro de Minas, Carlos Rodado, desde que llegó advirtió sobre el número tan alto de estos títulos, así como el pobre desempeño en la fiscalización de las minas del país, que ha permitido el desarrollo de toda una industria ilegal vinculada con los más sangrientos grupos armados. “La verdad, ni el Ingeominas ni los seis departamentos cumplen de manera eficiente esta función, por eso tiene que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, dijo Rodado hace unos días.

La ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, le puso colofón a la queja de Rodado y concluyó que “la minería ilegal nos está envenenando”. Por esa razón, desde agosto hasta ahora, el gobierno se puso en la tarea de ordenar el sector y ha cerrado 48 minas ilegales.

Pero ese no es el único problema. Según la ministra Uribe, 571 títulos mineros de los que se han dado de manera legal, que abarcan 203.000 hectáreas, están ubicados en áreas “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros”.

Inco Daban concesiones sin estudios previos
Los problemas con el Inco, el instituto encargado de adjudicar las concesiones para construir carreteras, se empezaron a destapar antes de terminar el gobierno de Álvaro Uribe. Semanas antes de entregar el poder, y cuando Juan Manuel Santos ya había designado como ministro de Transporte a Germán Cardona, este le sugirió a su antecesor Andrés Uriel Gallego que no adjudicara la Transversal de las Américas, una vía que conecta a Venezuela con Panamá. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos, entregó la concesión y se sometió a que la Procuraduría dijera que no era posible que el contrato se llevara a cabo como estaba planteado. Pero ese es apenas uno de los casos críticos.

El ministro Cardona ha dicho que el Inco está en “cuidados intensivos”, que están analizando “juiciosamente concesión por concesión, para saber dónde estamos parados” y que le darán “un vuelco de 180 grados al Inco”, porque esa entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Las 13 "putas" mas famosas de la Historia

1. ¿Cómo putas me comí esa manzana?
 
(Adán, un año después del comienzo)
 
2. ¿Cuándo putas va a  parar esta lluvia?

(Noé, año 4314 AC)

3. ¿Cómo putas se te ocurrió eso?

(Su mamá a Pitágoras, año 126 AC)


4. ¡Qué calor del putas!

(Juana de Arco, 1431)

5. ¿Cuándo putas vamos a llegar?

(Cristóbal Colón, año 1492)

6. ¿Cómo putas quieren que pinte el techo?

  (Miguel Angel, año 1566)

7. ¿Qué putas tomaste, JULIETA?

(Romeo, año 1595)

8. ¿De dónde putas salieron todos estos indios?

(Pedro de Alvarado, año 1524)

9. ¿Cómo putas no van a entender esto?

(Einstein, año 1938)

10.¡Vamos, Mónica! ¿Quién putas se va a dar cuenta?

(Bill Clinton, año 1997)

11. ¿Donde putas está el elefante?

(Ernesto Samper, 1997)

12. ¿Cómo putas los saco del Caguán?

(Andrés Pastrana, 2002)

13. ¿Cómo putas perdí la reelección?

(Alvaro Uribe, 2010)

viernes, 12 de noviembre de 2010

Y refundaron la patria... a propósito de las investigaciones de la corporacion ArcoIris


Video de la Presentación del libro



Prólogo del libro:

Quizás con gran atrevimiento me arriesgo a comentar y recomendar esta valiosa y pertinente investigación fruto de diversas organizaciones e investigadores que valientemente se arriesgan a buscar la verdad en medio de tantas mentiras difundidas por los medios de comunicación colombianos y tanta confusión generada por el Gobierno Nacional y auspiciada por diversos estamentos estatales.

La investigación plasmada en 524  páginas con CD incluido hace un recorrido histórico de la Colombia de los últimos veinte años. El resultado no sólo es preocupante, sino más grave de lo que los que siempre han denunciado el crimen en Colombia llegaron a imaginar. Hasta las hipótesis más arriesgadas que desde la academia se formularon,  en particular durante el gobierno de Álvaro Uribe, resultan un chiste, una pequeña broma en comparación con la realidad que estos investigadores lograon constatar no sólo en fuentes alternativas de ONG's, sino ante todo en fuentes del mismo Estado.

Uno de los párrafos más escalofriantes deja hasta a los más indolentes con una espina en el corazón difícil de sacar: ""Si hay más legalidad y fuerza pública, y menos ilegales y cultivos ilícitos en los lugares donde hay desplazamiento, ¿Quién sigue expulsando a la población y robando sus tierras? ¿Fuerzas "legales"? ¿El desplazamiento sigue creciendo para provecho de actividades "legales" y no sólo del narcotráfico? En los últimos 6 años se han asesinado más víctimas por sus demandas de devolución de tierras que por sus demandas de verdad sobre masacres. Si la guerrilla está replegada y débil y los narcoparamilitares están extraditados y sus ejércitos desmantelados, ¿Quiénes siguen asesinando a los colombianos que reclaman su tierra? ¿Tal vez quienes efectivamente se la robaron y la usufructúan, que ni fueron extraditados ni están desmantelados?" Pág. 48

Y esta es apenas la introducción. A lo alrgo de estos años ha habido diversas voces de investigadores, de ONG's, de abogados defensores de Derechos Humanos, de campesinos, obreros, jueces. A muchos de ellos ya los desaparecieron que es un eufemismo para el asesinato mediante el terrorismo de Estado. Los criminales se han cubierto bajo el amnto de la legalidad y ahora su mayor búsqueda es la impunidad como efectivamente lo han logrado a través de la Ley de Justicia y Paz. Su logro es haber logrado convencer a una mayoría de ciudadanos ignorantes e indolentes que por un puesto burocrático apoyan a políticos que mantienen al país en la miseria.

El mayor logro del Estado colombiano en estos últimos veinte años fue haber logrado en parte poner la legalidad a su servicio, servirse de los criminales, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros para lograr sus objetivos de acumular más riqueza y vender el país a multinacionales, todo ello bajo slogans bonitos y psudointelectuales como Jose Obdulio.

La investigación duele, duele para aquéllos que sabíamos que las cosas iban mal, pero no tanto, duele para todos aquéllos colombianos que aún esperan que la justicia les devuelva sus tierras y la verdad sobre el asesinato de sus familiares. Duele para todos aquéllos que aún creemos que debemos construir una Patria de verdad, auténtica, que incluya a las mayorías, donde se respeten los Derechos Humanos y donde el Estado no esté cooptado por mafias, políticos y empresarios corruptos y ejércitos ilegales.


Tomado de Semana.com