Alegato contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Por Jacobo Lince

“El gran mérito de la injusticia consiste en parecer justo sin serlo.”

Sócrates, en La República de Platón, Libro Segundo

El presente escrito tiene como fin denunciar las irregulares que desde su inicio han acompañado al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia desde 2002 y las consecuencias de este sobre el país.

A principios de 2002, Álvaro Uribe era uno de los muchos candidatos que se habían postulado para suceder a Andrés Pastrana Arango como Presidente de Colombia. Las encuestas indicaban que dicho candidato contaba con un 5% de favorabilidad en todas las que por esa época se hacían para medir la tendencia electoral de los colombianos. En las elecciones de mayo del mismo año, Uribe barrió en las encuestas, superando al liberal Horacio Serpa sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta. Sus premisas electorales fueron mano dura a las guerrillas colombianas y creación de un ambiente de confianza inversionista para los grandes capitales internacionales. Uribe obtuvo un poco menos de seis millones de votos, tan sólo una cuarta parte de la población colombiana que estaba en edad de votar. Dos años más tarde varios medios de oposición denunciaron que en municipios de Córdoba y Sucre, donde por esa época había una gran presencia paramilitar, Álvaro Uribe Vélez recibió el 100% de las votaciones, algo atípico en cualquier elección que se denomine democrática y pluralista.

Pocos meses después de posicionarse como Presidente de la República, Álvaro Uribe y su gobierno impulsaron una amnistía a grupos paramilitares conocida como la Ley de Justicia y Paz. Paralelamente, congresistas miembros de la oposición también buscaban establecer una ley de indulto. A diferencia de la ley del propuesta por el gobierno, la ley de la oposición buscaba que los victimarios repararan a sus víctimas antes de poder recibir los beneficios judiciales que planteaba el gobierno colombiano, además de exigir que estos paramilitares entregaran toda la información e inteligencia de sus operaciones militares y de narcotráfico a los organismos de inteligencia colombianos. Finalmente, fue la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe la que pasó en el congreso. Ésta protegió el patrimonio de los paramilitares colombianos y les otorgó una serie de beneficios como audiencias paulatinas para esclarecer los delitos cometidos a lo largo de los años. Jorge Noguera fue designado como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Hoy por hoy Noguera está preso en la Cárcel Picota de Bogotá, acusado de entregarle información confidencial a grupos paramilitares e iniciar espionajes a personajes que eran opositores o críticos del gobierno Uribe, pertenecían al sindicalismo o simplemente eran de tendencia ideológica de izquierda. La inteligencia colombiana, lejos de buscar desarticular el narcoparamilitarismo, fue usada por éste para eliminar a todo aquel que se interpusiera en su camino de impunidad absoluta. Nunca hubo la reparación que profesaba la Ley de Justicia y Paz, ya que hasta la fecha son muy pocos los episodios de masacres e identificación de víctimas que se han podido aclarar. Será muy difícil hacerlo con la mayoría de jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, donde sus declaraciones reciben poco eco en la prensa nacional. Será aún más difícil lograrlo sabiendo que los discos duros de sus computadores fueron robados de las cárceles colombianas donde estaban presos el día de su extradición. A esto hay que sumarle que hace pocas semanas el congreso colombiano hundió la Ley de Víctimas, que buscaba reparar a las víctimas de paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado. La justificación para hundirla fue que sería una carga presupuestal demasiado grande para el Estado, aunque Álvaro Uribe afirmó que él no consideraba que se debiera incluir a los agentes del Estado al lado de los primeros dos. Cabe recordar que miembros del Ejército de Colombia están involucrados en ejecuciones extrajudiciales a civiles inocentes que eran presentados como bajas en combate, una de las formas de medir cuantitativamente la Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.

En los primeros cuatro años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, varios de sus aliados en el congreso y en cargos administrativos regionales como gobernaciones y alcaldías, fueron acusados de tener vínculos con grupos paramilitares. Políticos y paramilitares se sentaron en la misma mesa para planear financiación de campañas, entrega de votos, perdones políticos y lo que después se conocerán como la refundación de una “Nueva Colombia”. Entre el grupo de congresistas vinculados y presos está el primo del presidente, Mario Uribe. Según la misma Vicepresidencia de la República, una tercera parte del congreso ha sido vinculado al proceso que se conoce como la “Parapolítica”.

En medio de todo este escándalo, Álvaro Uribe y su gobierno seguían teniendo altos niveles de popularidad entre la ciudadanía colombiana a finales de su primer mandato. Uribe buscó modificar la constitución colombiana de tal manera que pudiera ser reelecto, justificando la continuidad de sus políticas y la mano dura que venía dándole a la guerrilla. Como todo proyecto de ley estatutario, o que busca reformar la constitución, se debería tramitar en ocho debates dentro de la cámara y el senado y después tener la aprobación de la Corte Constitucional. En uno de esos debates recibió el respaldo de Yidis Medina, una Representante a la Cámara de Barrancabermeja que días antes había afirmado ante la prensa que votaría en contra de la reelección presidencial. En 2006, Álvaro Uribe fue primer presidente de Colombia en ser reelegido en más de cien años, con un poco menos de ocho millones de votos, menos de un tercio de la población colombiana en edad de votar. Un año después Yidis Medina acusó a dos ministros de Uribe, Sabas Pretelt y Diego Palacios de no entregarle las dádivas prometidas con tal de votar a favor de la reelección. Se supo además que Medina no fue la única congresista que influyó en la elección de Uribe, ya que Teodolindo Avendaño se ausentó de la votación y así favoreció el número de congresistas votantes a favor de la reelección. Hoy, Avendaño y Medina están en la cárcel condenados por prevaricato. Palacios sigue ejerciendo la cartera de Protección Social mientras que Pretelt es embajador de Colombia en Italia.

El gobierno de Álvaro Uribe se ha caracterizado por su extenso gasto militar, financiado en gran medida por Estados Unidos. Después de todo, el Uribismo (movimiento político que respalda al gobierno de Álvaro Uribe) y su política de Seguridad Democrática no son más sino una copia a menor escala del Neoconservadurismo de George W. Bush. Así lo afirmó hace poco Armando Benedetti, senador uribista y escudero del presidente en el congreso. La consigna básica del Neoconservadurismo es sembrar democracia y una economía de mercado libre en el mundo por medio de acciones militares. La invasión a Irak en 2003 es el estandarte del Neoconservadurismo estadunidense. Un claro ejemplo de cómo fue aplicado en Colombia fue la destrucción del campamento del guerrillero de las FARC alias Raúl Reyes en un bombardeo aéreo a principios de marzo de 2008. Éste se encontraba en territorio ecuatoriano y fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Posteriormente, varios helicópteros colombianos que trasportaban militares de este país cruzaron la frontera ilegalmente para llevarse el cadáver del guerrillero, su séquito y sus computadores. Es curioso que haya muerto Reyes pero a su computador no le haya pasado absolutamente nada. Lo que fue una violación a la soberanía de otro país, fue establecido por los medios colombianos como un acto de legítima defensa. Ecuador llevó el caso a instancias de la OEA (Organización de Estados Americanos), un organismo que es financiado en gran medida por Estados Unidos. Colombia no fue sancionada.

Otra de las características del gobierno de Uribe es su política de confianza inversionista. Las mismas personas que financiaron su gobierno, la inmensa minoría, reciben todo tipo de beneficios tributarios. El fisco colombiano ha dejado de recibir siete billones de pesos por estos recortes. La inmensa minoría es dueña de los medios de comunicación, los cuales están detrás de la prorroga de sus licencias, otorgadas por el Estado, o están detrás de un tercer canal, uno de los grandes negocios para hacer en Colombia en el siglo XXI (si se tiene el capital). Entre sus grandes negocios está la distribución de bebidas alcohólicas, una droga que supieron legalizar en los treinta en Estados Unidos luego de una fallida Prohibición y que es tan lucrativa como las que hoy por hoy son ilegales y que tienen efectos igual de desastrosos. El índice de homicidios en Colombia se dispara en año nuevo. El consumo de bebidas alcohólicas también.

Finalmente, el gobierno de Álvaro Uribe se caracteriza por los constantes atropellos a todo aquel que se oponga a éste. Uribe ataca abiertamente a sus críticos, a los cuales no se les respeta su derecho a réplica dentro de unos medios de comunicación que lejos de ser un balanceado cuarto poder, engrandecen la figura caudillista de Uribe. Otra manera de acallar periodistas, magistrados o ciudadanos críticos del gobierno es entregando su información personal a grupos de limpieza social, como Noguera hizo en el DAS, o monitoreando sus movimientos bancarios, llamadas y correos electrónicos con el fin de encontrar algo sustancial con qué implicarlos ante la opinión pública. Los encargados de recibir toda esta información, y al parecer, como se ha establecido en la indagación inicial que ha hecho la Fiscalía, también encargados de ordenar estas vigilancias son dos altos funcionarios del gobierno Uribe: el secretario jurídico la Presidencia Edmundo del Castillo y el hasta hace poco asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Gaviria, primo del fallecido capo del narcotráfico Pablo Escobar, es un hombre que le habla al oído a Álvaro Uribe. A pesar de su peso y trascendencia dentro de la Casa de Nariño, José Obdulio Gaviria no podía ser investigado por la Procuraduría o cualquier otro órgano de control estatal, ya que su sueldo no lo paga el Estado, si no una ONG. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un símbolo de la confianza inversionista que profesa el gobierno Uribe, está enredada por el alto número de homicidios a sindicalistas que ocurren cada año en el país. Este fenómeno nos ha hecho tan conocidos en el mundo como nuestro café y nuestra cocaína.

Los resultados de casi siete años de gobierno de Álvaro Uribe son funestos. Se extenso periodo presidencial a desestabilizado los poderes que profesa cualquier democracia. La mayoría del congreso, a pesar de la Parapolítica, sigue siendo uribista. Dicha congreso, en lugar de discutir propuestas como darle a todos los colombianos agua potable gratuita o castigar severamente a violadores de niños, se debate entre una nueva reelección de Álvaro Uribe. Este proceso se ha hecho violando todas las normas establecidas, como lo ha denunciado la oposición. Lo más patético del asunto es que Álvaro Uribe no haya expresado oficialmente si quiere hacerse reelegir, pero tenga a toda su maquinaria política ocupada con este asunto. Después de todo, ¿qué se puede esperar de un candidato-presidente que no se presentó a los debates políticos para la elección de 2006 y sin embargo las ganó? En sus siete años de gobierno, Uribe ha nombrado a varios magistrados de las altas cortes, garantizando su apoyo en el caso que este proyecto de ley pase en el congreso. La independencia de las cortes ha muerto y con ello, la democracia colombiana. A esto hay que sumarle el nuevo procurador, Alejandro Ordóñez, responsable de eximir de toda culpa a los dos ministros implicados en la Yidis-Política.

Más allá del espectro político, el gobierno de Álvaro Uribe dejará como legado un incremento en la desigualdad y la injusticia social en Colombia. Es mucho lo que se ha hecho por el crecimiento económico del país, pero poco lo que se ha hecho por el desarrollo a largo plazo de nuestra sociedad. La educación superior sigue siendo un privilegio de pocos, y el resto del país vive en medio de la pobreza, la ignorancia y el conflicto armado. Según las últimas cifras, en Colombia más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y una cuarta parte por debajo de la línea de la miseria. Hay cuatro millones y medio de desplazados, una décima parte de la población del país. Es un número mayor a la población de Cali y Medellín juntas. Ostentamos un penoso segundo puesto a nivel mundial, tan sólo superados por Sudán. Todos estos desplazados viven en medio de una sociedad más preocupada por elegir a un líder que atraiga capital extranjero y brinde seguridad militar. Viven en medio de la indiferencia, sin una solución concreta a su situación y por el contrario, en medio de un conflicto interno no reconocido oficialmente por el gobierno. Para José Obdulio Gaviria, en Colombia no hay desplazados, hay migrantes.

Muchos sostendrían que el gobierno de Álvaro Uribe ha transformado a la sociedad colombiana hacia la indiferencia y la falta de solidaridad. Yo creo que el gobierno de Álvaro Uribe es el resultado lógico y consecuente de la sociedad colombiana. Uribe fue elegido para acabar con la guerrilla. Ésta también es una consecuencia patológica de las falencias de esta sociedad. El Estado colombiano perdió la guerra contra el narcotráfico por la complicidad de nuestra sociedad con este fenómeno. Prueba de esto son el Proceso 8000 y su versión moderna, la Parapolítica. Estados Unidos nunca permitirá que legalicemos la droga o busquemos otras alternativas para erradicarla, y con esto continuaremos a naufragar como sociedad. Guerrilla, paramilitares, narcotráfico, pirámides y corrupción estatal: todos son indicadores de que el barco se está hundiendo. Estos no se han podido erradicar definitivamente porque se subsisten de manera parasitaria de los verdaderos problemas que aquejan al país: la desigualdad social, la impunidad y la injusticia social.

La manera como Álvaro Uribe fue electo presidente fue dudosa. La manera como se hizo reelegir fue ilegal, al igual que la manera como está tramitando su segunda reelección. Lo más triste es que el pueblo colombiano hoy por hoy reelegiría a Uribe, según dicen las encuestas. Las bruscas maneras del presidente son aplaudidas por sus electores. El que tiene patrimonio es más importante que el que tiene conocimiento en su cabeza. Vivimos en medio de un darwinismo social en donde el más fuerte, quien tenga una pistola y un carro lo suficientemente rápido, es el que sobrevivirá en el largo plazo. Aquí no hay espacio para débiles.

Uribe supo acabar con nuestra democracia y está a punto de acabar con nuestra carta política. No veo luz al final de este túnel, pero quiero pensar que al escribir esto estoy contribuyendo con esa pequeña oposición que vé más allá de los canales de información convencionales y que sabe que hay algo más y no traga entero. Al lector, se le hace una invitación para que haga de su palabra, discurso, puño y letra y voto un arma pacífica en contra de esta dictadura y haga una de sus metas de vida intentar formar una sociedad mejor para nuestros hijos. Se lo debemos a nuestro intelecto y a los millones de colombianos que no lo tienen.

Cualquier comentario sobre el escrito se pueden dirigir a jacobolince@gmail.com

Posted in: colombia, economia, NWO, Sociedad y Política