Juan Gossaín hace un crudo repaso de las lacras que llevaron al sistema a un estado agónico.
Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia.
En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. Caprecom,
empresa a la que está afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la
urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la
cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo sin
costo, por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde: el niño quedó
ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en
las oficinas de Caprecom.
En Bogotá, un hombre desesperado se subió
al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío,
porque llevaba ocho meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor.
Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue
agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde
hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido
una embolia cerebral.
¿Qué es lo que está sucediendo
para que en solo seis meses, entre enero y julio del año pasado, se
presentaran ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de
salud? Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el
trabajo de protestar. Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener
tiempo de quejarse.
Lo que está pasando es que el sistema
colombiano de salud se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones
son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería, se
aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y
con la podredumbre que campea en las oficinas públicas.
38 billones por año
Desde que se estableció el sistema, hace
casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas
transitorias, que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y
mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos
tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos
son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que
prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos,
empresas de radiología. El sistema no resiste una reforma más.Es un régimen insostenible.
En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos.
La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que
operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden
hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que
supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más
pobres.
Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los
pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada
año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El
resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los
departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que
pagan impuestos.
Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud”, que son el origen de nuestras desgracias.
La paradoja más grande y más
dolorosa es esta: nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la
salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había
estado en una situación financiera tan crítica. Lo primero que
uno hace, pensando en los 38 billones de pesos, es comenzar a
preguntarse: ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que
levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y
pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su
derecho y ese es su dinero? ¿Por qué clínicas y hospitales están en
crisis?
Cobran, pero no pagan
La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los servicios que prestan. Según
un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud,
algunas compañías de seguros y el Gobierno Nacional, más municipios y
departamentos, le deben al conjunto de instituciones hospitalarias una
cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos.
A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen. El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe otro 17 por ciento. Para
ser rigurosamente exactos: el 17,2 por ciento. El resto corre por
cuenta de numerosas entidades de diversa índole. Algunos de esos
compromisos tienen más de un año de atraso. Y después los enfermos,
alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las
enfermeras.
Hospitales en quiebra
Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. Conseguí
la lista de los cinco más afectados y de la suma que les estaban
debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado. Tres de
ellos son de Medellín.
1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben 248.000 millones.
2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.
3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.
4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.
5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.
Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro. Agonizan despacito.
Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les
queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y
reducir costos para sobrevivir. Es decir: acabar con la calidad.
Honorarios congelados
El problema de los médicos es todavía más
penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al
que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos.“De
algo tengo que vivir”, me dijo. El otro día, uno de sus pacientes lo
demandó, alegando negligencia profesional, y le reclama una
indemnización de 1.000 millones de pesos.
Presionados por las empresas promotoras
de salud, que los someten a humillantes procesos de “negociación”, y que
amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los
médicos han tenido que aceptar, año tras año, que sigan vigentes las
mismas tarifas del 2001. Así, un médico que recibe pacientes de las EPS
es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios
de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la
vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable.
Como necesitan examinar la mayor cantidad
posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las
volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato.
Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y
la atención, más deficiente.
Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud.Pero,
en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es
imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de
pesos. Hace once años, les costaba tres.
Entonces, si no les pagan a los
hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al
paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle
los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.
El naufragio de Caprecom
Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les debe 680.000 millones de pesos.
Caprecom se está hundiendo en el lodazal
de corrupción que la ha saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por
dentro a esa entidad que, hace unos tres años, el gerente de un
laboratorio de medicamentos, que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones.
En el 2009, durante la alarma
internacional por la epidemia de gripa AH1N1, Caprecom compró 700.000
dosis del medicamento Tamiflú. Pagó 27.000 pesos por cada dosis. En
el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del
225 por ciento. Tampoco ha sido posible saber, hasta el sol de hoy, cuál
fue el proceso que hizo Caprecom para comprar 1.300 computadores.
La entidad tiene 465 empleados de planta, pero
hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados
a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral.
Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?
Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por
trece brigadas sanitarias que debían haberse hecho en los albergues
donde estaban los refugiados de las inundaciones. La verdad es que
tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que, a los nueve meses,
cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los
albergues.
En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80 por ciento del país,
incluyendo las regiones más olvidadas, como el Chocó, Guaviare y
Amazonas, que no son rentables para las EPS privadas. Calculen el tamaño
del desastre que se les avecina a esos colombianos.
Uno de sus directivos, a pesar de mi
insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración. Una sola.
Con cara de desconsuelo, me dijo:
-La verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos congresistas.
¿Menor? A mí me parece que es la mayor.
Las EPS privadas
Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema. Todos
los días aparece una nueva forma de la corrupción. Por ejemplo: dentro
del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención
domiciliaria, el “servicio de enfermería en casa”, incluido en el Plan
Obligatorio de Salud.
Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa”,
que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar dos veces
el mismo servicio: una como “auxiliar” y otra como “cuidador”. Ya se han
encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6
millones de pesos diarios.
Otro ejemplo que ilustra los extremos
demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de
la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país
civilizado.
En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente,
a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención
de salud. Es lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce
como “p y p”.
Se supone que las EPS reciben ese dinero,
que es del pueblo, y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para
sus tareas preventivas.
Pero la verdad es otra: solo les
transfieren 140 pesos por paciente. Es decir: la empresa promotora de
salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Haga cuentas, por
cada paciente. Uno se pregunta, alarmado,si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué no descubre ese desfalco?
¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas,
a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con
aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos. Fundan
clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es
inferior al promedio. Natural que así sea: no están hechas para salvar
vidas, sino para ganar plata.
Pero aquí no hay un gobernante que ponga
el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que, además
de meterlos en cintura, los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al
Presidente de la República, por su parte, se le llena la boca
anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de
placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más.
Ladrones en todas partes
La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio. El
sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria,
sino dos: una para las personas que pagan su contribución y otra para
quienes reciben subsidios del Estado. El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen.
En cuanto a los subsidios, son
incontables los municipios que reportan atención a una cantidad de
enfermos superior al número de habitantes de la población entera. (Es un
caso similar al de la educación: para sacarle dinero al Estado, hay
colegios y universidades que envían unas listas de becarios que superan
en cantidad a todos los matriculados.)
Epílogo con sugerencias
Tras dedicarme varios meses a investigar
esta realidad maloliente, y después de consultar a tantos expertos,
puedo repetir, sin quitarle ni una coma, lo que dije en el primer
párrafo: el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua.
Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:
1.- Colombia es el único país del mundo
donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el
dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son
como las muchachas prepago, pero menos complacientes.
2.- El desastre, como es natural, lo
origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran
que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que
recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado, y no
de los particulares.
3.- Hay que luchar por tener un régimen
de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie
de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné
sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la
atiendan.
4.- Es urgente que hospitales, médicos,
odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en
general, reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho
con franqueza: que los tramposos no se sigan quedando con la plata
mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa.
5.- En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.
6.- El sistema colombiano de salud no
puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental
es la prevención. La atención es el complemento.
Y, por último, hablando acá, para mis
adentros, yo pido algo que no depende del Gobierno, sino de Dios: que un
milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio.
En este momento su madre está pidiendo
limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se
conoce como “cristales para rellenar cuencas”.
Ah, pero como no todo hay que dejárselo a
Dios, también pido que un juez castigue a los culpables. Termino aquí
porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
Publicado por Juan Manuel Garzón en ENTASIS. La Proporción Áurea: 1
a 1,618, que es la base de la progresión matemática de Fibonacci
conocida como Phi, ha sido utilizada desde antiguo en la arquitectura y
las artes plásticas por su inherente belleza geométrica y estabilidad
estructural, sin haberse comprendido profundamente las razones de tal
relación geométrica, que es el lenguaje de la naturaleza, el código que
utiliza la naturaleza para crear la vida.
“Conocí
el vegetarianismo ligado con algunos movimientos musicales, aunque fue
más adelante que decidí volverme vegetariano. En realidad fue un proceso
fácil, el pescado fue lo que abandoné después. Decidí hacerlo por
varias razones: para contribuir al planeta evitando la deforestación;
por salud, porque algunos animales reciben tratamientos con hormonas y
antibióticos que se reciben al comerlos; por solidaridad con los
animales porque sufren bastante en el proceso de cría, transporte y
mataderos; y por último, para fortalecer mi voluntad. Dejar el pescado
sí fue difícil: sufría cuando iba de viaje a lugares cerca del mar o
ríos porque me gustaba mucho. Ahora siento más liviana la digestión,
percibo más cerca a los animales y a la hora de ir a un restaurante
normal no me demoro mucho escogiendo. Hay algo de lo que poco se habla y
es que, además de ser más sana, la comida vegetariana es más económica.
Me considero un vegetariano amigable”. 
“Mi
médico, me hizo una recomendación antes de iniciar el tratamiento: que
le bajara a las carnes; así lo hice y paulatinamente fui encontrando que
mejoraba increíblemente. Comencé a leer y a ver cómo podía hacer la
mejor transición hacia las proteínas vegetales manteniendo mi cuerpo
nutrido. Ya ha pasado una década y la verdad no he vuelto a pasar por
las crisis respiratorias. Con mi forma de vida me siento plena y
contenta. No es una tortura ni mi mundo va en devaneos. Mi alimentación
está basada en productos sanos, enteros, procesados en su mínima
versión, regresando al origen en cuanto a sabores y texturas”.
y de manera correcta los alimentos que suplen los nutrientes que necesita el organismo para su buen funcionamiento.
"Los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos”. San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana.
“Me
hice vegetariano debido a mi preocupación por los animales, pero pronto
aprendí a apreciar los muchos beneficios a la salud.” Bob Barker, actor
y presentador estadounidense.
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