Escrito por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, noviembre 10 de 2009
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Entre el 13 y el 16 de octubre se realizó el “Foro de la Pertinencia”, así nombrado porque 2009 es el año de la “Educación para la innovación y la competitividad”. Estuvo atiborrado de conferencias, paneles y “conversatorios” donde predominaron los terminachos que inundan ahora al sector educativo: “competencias para el desarrollo sostenible”; “formación de capital humano para los sectores productivos” y orientados por gurús en la misma onda que la ministra Vélez define como “educación pertinente para las demandas del siglo XXI”.
El punto alto lo puso Uribe, en el remedo de consejo comunal en que ha vuelto sus intervenciones en estos foros, al dictaminar, antes de atender las consabidas peticiones de computadores, pupitres, conectividad y bienestarina, que “el acople con la educación y la pertinencia” está en el desarrollo de los “nuevos sectores donde Colombia pueda ser un país de talla mundial”. Advirtió que “el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en un diálogo muy dinámico con el sector privado” ha definido “esos sectores nuevos” y entre ellos mencionó “servicios internacionales de medicina”, “software”, “call center”, “producción de cosméticos”, biocombustibles y “lo que se llama el business process outsourcing” (sic).
La educación así concebida, con un mero propósito funcional a la organización económica, que se limita a “conectar la economía con la pertinencia”, se circunscribe a la capacitación de “capital humano” relegando (¿o eliminando?) el de formación integral. No es siquiera educación sólo para trabajar, es peor: es educación en colegios e instituciones docentes hacia las labores dictadas por el “sector privado”; es la lógica neoconservadora por la cual una élite traza el camino a los demás “para garantizar la cohesión social y el bienestar comunitario”.
Al tiempo se fraguan nuevas embestidas contra la universidad pública. En la discusión sobre el Presupuesto para 2010, el aporte para los centros de educación superior se convirtió en manzana de discordia. Algunos hechos desmienten a la ministra Vélez, quien ha asegurado que “si contamos desde la aprobación de la Ley 30 en el 92, los aportes del Gobierno Central se han incrementado en 47 por ciento en términos reales”. (El Tiempo, nov. 7 /2009)
En 2000, por cada peso que el Estado entregaba a la Universidad Nacional (UN), ésta colocaba 30 centavos, en 2007 la contribución de la UN subió en esa relación a 82 y para 2010, con todas “las concesiones” presupuestales, la proporción cambiará de sentido, UN pondrá 1,1 por cada peso del Gobierno Central. Y, entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, mientras los recursos generados por la UN lo hicieron en más del 300%. Es decir, el aumento en cobertura y la “tarea meritoria en términos de calidad e investigación” han corrido más por cuenta de los recursos de las universidades. Se sigue la senda del Plan Nacional de Desarrollo de 1999, que “despoja progresivamente a las universidades de la financiación estatal…para sustituirla por la autofinanciación” (Monge et al., 1999) y se “terminará por cerrar el ciclo que comenzó hace más de treinta años en un periplo proceloso, de privatización, antidemocracia y autofinanciación, con el único propósito de someter la universidad a las políticas económicas” (Arango et al., 2000).
A este proceso se sumó en 2008 en el Plan de Desarrollo, la concurrencia de las universidades en los fondos autónomos de pensiones. Aunque se avisa que será del 5% por año, además del reconocimiento de la deuda creada con ocasión de la ley 100 de 1993 (monto que el gobierno central no va a reconocer), desde ahora puede predecirse que los recursos propios generados no alcanzarán para cubrirla y el déficit se financiará con deuda o más privatización.
En simultánea con la celada presupuestal, se acusa a la universidad pública como nido de “bandidos”, “homicidas” y “secuestradores” en tanto se le amenaza con la bota militar para acobardarla. Los ejes de ese plan neoconservador, más allá del neoliberal en curso, fueron identificados por Buenaventura de Souza: “pérdida de hegemonía de la universidad frente a otras agencias de conocimiento científico más ‘competentes’ al servicio de intereses privados”; “pérdida de legitimidad frente a la sociedad como portadora de soluciones a los problemas sociales” y “pérdida de institucionalidad al tener que enfrentar la contradicción de luchar por su autonomía como centro de saber, frente a las imposiciones internacionales y gubernamentales que pretenden someterla a intereses no académicos”; es un programa de “largo plazo” para trastocarla del todo; y si se deja, claro está. ¿Será éste el debate que propone la ministra Vélez?
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