En Estados Unidos es el enfrentamiento entre la cadena Fox y el presidente Barack Obama; en el Reino Unido, entre uno de los diarios del grupo Murdoch, The Sun y el primer ministro Gordon Brown; en España, entre el grupo Prisa y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; en Argentina, entre el grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los ejemplos abundan. Se pueden agregar Globovisión versus Chávez (Venezuela), Rafael Correa y la nueva ley de medios (Ecuador) o La Razón y la gestión de Evo Morales.
El común denominador es el conflicto entre un gran conglomerado mediático y un gobierno de lo que se ha denominado nebulosamente "progresismo".
Una interpretación de este conflicto es que escenifica el choque entre la libertad de prensa y un reflejo ancestral de los gobiernos: acallar las voces críticas.
Según otra corriente de pensamiento, el límite a la libertad proviene de los mismos conglomerados mediáticos que no dudan en convertirse en protagonistas políticos lanzando campañas contra gobiernos que afecten sus intereses.
Intereses creados
Cuando la cadena Fox equipara a Obama con Mao Tse Tung y The Sun decide que el primer ministro Brown está llevando al naufragio al Reino Unido, ¿ejercen la legítima libertad de prensa que rige en toda sociedad democrática o abusan de su poder mediático para erosionar gobiernos que no se avienen a sus intereses?
El poder de los grandes conglomerados, inmortalizado en el cine por el "Ciudadano Kane", de Orson Wells, encuentra muchos paralelos en el mundo moderno.
Las críticas que el diario El País ha dirigido al gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿responden a la neutralidad del informador periodístico o a los intereses del multimedio Prisa, afectado por la apertura de la competencia en el multimillonario negocio del fútbol que decidió la gestión socialista?
Una pregunta similar se puede plantear en Argentina en torno del duro enfrentamiento entre el gobierno de Fernández y el grupo Clarín, cuyos intereses se vieron afectados por diversas medidas del Poder Ejecutivo.
"Cuando empieza el fenómeno del periodismo moderno -el 'diarismo'- en el siglo XIX, los diarios eran un negocio en sí mismo. Hoy los medios tienen una diversificación de intereses en otras actividades. A veces les conviene decir las cosas, a veces callarlas y otras distorsionarlas", comentó a BBC Mundo el periodista argentino Horacio Verbitsky.
Estos conflictos pueden tener un fuerte impacto institucional.
Benoit Hervieu, encargado de las Américas de Reporteros Sin Fronteras, participó de una reciente misión de la ONG a Honduras. "En Honduras, medios de comunicación con fuertes intereses industriales y económicos como La Prensa, La Tribuna y El Heraldo se convirtieron en actores políticos y apoyaron el golpe de Estado, ayudando desde sus páginas a legitimarlo", dijo Hervieu a BBC Mundo.
En algunos casos, el poder de un conglomerado termina erosionando la frontera entre Poder Ejecutivo y mediático, como con Silvio Berlusconi en Italia o el más limitado y menos publicitado del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Cambiando de canal
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a dueños y editores de medios de comunicación, se opone a toda regulación en el tema.
En su decálogo de aspiraciones publicado en su página de internet, establece que "la observancia de valores éticos y profesionales no deben ser impuestos".
En declaraciones a BBC Mundo, el director ejecutivo de la organización, Julio Muñoz, afirmó que en una sociedad libre el mercado mismo premia o castiga.
"El ser humano puede elegir todos los días qué radio escucha, qué diario compra, qué canal ve. Al elegir un diario, una radio, una revista, se está ejerciendo la libertad y en base a esta votación los medios ganan la credibilidad que les permite mantenerse en el mercado", dijo Muñoz.
Desde esta perspectiva, un medio que no tenga credibilidad fracasará como empresa: la sanción la establecerá el mercado mismo.
El problema es que esta libertad de elección del consumidor fluye por canales altamente concentrados.
Según algunas estimaciones, un 90% de la información mundial está en manos de unos 15 grupos multimedia.
Gran hermano
La intervención del Estado en el flujo informativo plantea un problema similar desde otro ángulo.
La revocación de licencias de 34 radios que llevó a cabo este año el presidente venezolano, Hugo Chávez, ¿es un intento de garantizar la diversidad quitando el poder a grupos hegemónicos o de crear informaciones afines para homogeneizar un consenso social en torno de su proyecto político?
La maquinaria del Estado dispone de herramientas visibles -cierres de medios, revocación de licencias, censura- pero también silenciosas -distribución de publicidad estatal, sobornos a periodistas- para acallar voces críticas.
En el marco democrático y con plena separación de poderes predominan los mecanismos sutiles sobre los rudimentarios, como el cierre de publicaciones, típicos de un poder dictatorial.
"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar", sugiere Horacio Verbitsky en su libro "Un mundo sin periodistas" para definir la profesión.
¿Es posible proteger esta función esencial para las democracias ante el peligro que representa cualquier monopolio u oligopolio periodístico, sea estatal o privado?
Varios modelos y una revolución
Varios modelos se plantean para encontrar una salida a estos dilemas que se plantean en medio de una extraordinaria revolución tecnológica-informativa.
La SIP y su decálogo de aspiraciones promueve la autorregulación en su artículo noveno, considerando que los valores éticos y profesionales del periodismo "son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios".
Un modelo que no se aparta de la autorregulación, pero impone controles a los dueños de los medios, es la creación de sociedades de redactores y consejos de redacción con poder editorial para garantizar la independencia periodística de una empresa.
Este modelo comenzó en Francia en la década de los años 60 y se profundizó en Alemania y otros países europeos con el fin de garantizar la libre expresión.
"En diarios como Le Monde o Nouvelle Observateur existe una sociedad de periodistas que vigila el contenido para que la dirección tenga que dar cuenta de sus decisiones editoriales", dice Benoit Hervieu.
En varias democracias occidentales -de Estados Unidos a Argentina- se ha buscado garantizar la pluralidad informativa y evitar los monopolios mediáticos por medio de la legislación parlamentaria.
Una variante de esta intervención en el mercado es el modelo de la BBC: una corporación pública financiada por un impuesto y que mantiene una clara independencia del gobierno de turno.
La revolución tecnológica y la multiplicación de agentes informativos con el periodismo ciudadano por internet ofrecen una última variante que algunos ven como panacea: la difusión gratuita por parte de personas sin intereses creados.
No es exagerado decir que, en sociedades complejas, la resolución de este debate sobre la información pública va a ser fundamental para el futuro de la democracia.
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