No me extraña que los campesinos salgan a las carreteras a protestar. Lo que me sorprende, dadas las deplorables condiciones del campo colombiano, es que no lo hayan hecho antes. Rechazo alevosías como bloquear caminos y quemar vehículos, que perjudican sobre todo a otros campesinos y les impiden transportar y vender sus productos. Pero reconozcamos que los medios de comunicación enseñamos a los ciudadanos que solo hay cubrimiento periodístico cuando estalla un bochinche, y las autoridades, a su turno, solo se inquietan cuando aparece el bochinche en la prensa. La posibilidad de que salga en las noticias una reunión rural muy importante pero sosegada es mínima, al contrario de lo que logran unas buenas llamaradas o algunas vías obstruidas.
La democracia se inventó, entre otras cosas, para que la gente pudiera protestar libre y pacíficamente. Protestan los súbditos árabes, los gays rusos, los estudiantes chilenos, las chicas de pecho al aire y los trabajadores europeos, y los llamamos “indignados”. Pero si lo hacen los labriegos o los pequeños empresarios agrícolas colombianos (que sostienen a 9 millones de personas), se convierten en “subversivos”. Para ellos están reservados el despojo sin derecho a queja, el desplazamiento en silencio, la resignación secular... O, en el extremo de la desesperación, la errada vía de las armas. Celebremos que –descontados desmanes condenables– esta vez nuestros cultivadores se rebelen y se hagan sentir.
¿Y cómo no rebelarse ante el estado del campo colombiano, agobiado por la violencia, el despojo, la injusticia, el abandono? Según reciente estudio (Balcázar y Rodríguez), “los índices de concentración de la tierra en Colombia son de los más elevados del mundo”: el 70 por ciento de los predios son dueños del 6 por ciento de la tierra y solo el 1 por ciento tiene el 43 por ciento.
Es vergonzosa la historia de algunos programas oficiales de fomento agrícola de los últimos años. El de Carimagua, que debía destinar 17.000 hectáreas a campesinos desplazados, terminó en manos de Corpoíca, Incoder y el Ejército. Buena parte del botín en subsidios del plan Agro Ingreso Seguro fue al bolsillo de plutócratas costeños y amigos políticos del pasado gobierno. El reciente plan de titulación de baldíos en el Catatumbo cayó en poder de poderosas empresas.
Dos de cada tres trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Buena parte de los créditos se destinan a los más adinerados. Según el economista Aurelio Suárez, los fertilizantes de venta en Colombia figuran entre los más caros del planeta. La mitad de las calorías y proteínas de cereal que consume el país vienen del exterior. En el primer año del TLC se dispararon las importaciones agrícolas: la soya subió 467 por ciento, los lácteos, 214, la carne de cerdo, 66, el trigo, 15…
Fedesarrollo señala que en los últimos años bajó la pobreza en el país, salvo en el área rural, donde aumentó la indigencia y persiste en forma alarmante la miseria. Por eso protestan los campesinos. Si usted fuera campesino, seguramente también estaría gritando en una carretera.
ESQUIRLAS. 1) Colombia y Brasil son, según filtraciones de Edward Snowden, los países suramericanos en que Washington ha adelantado más intenso espionaje político y comercial. Brasil anunció que denunciará las grabaciones ilegales. ¿Y Colombia? ¿Nada va a decir Colombia? 2) Carlos Urrutia, embajador en Washington, dimite porque tramó el desvío de baldíos campesinos a la empresa Riopaila. Y resulta que su reemplazo será Luis Carlos Villegas, quien, como presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ayudó a estructurar el ruinoso TLC con Estados Unidos, a causa del cual la industria productora colombiana exporta 5 por ciento menos que hace cinco años e importa cada vez más (65 por ciento). Curiosos premios confiere el Gobierno en su política de intercambio de camisetas entre el sector público y el empresarial…
Daniel Samper Pizano
cambalachetiempo@gmail.com
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