Durante la apertura del Foro de los Pueblos Indígenas "Minería, Cambio Climático y Buen Vivir", que reúne a un centenar de delegados, el presidente de la Confederación nacional de comunidades del Perú afectadas por la minería (Conacami), Magdiel Carrión, dijo que su país tiene "los brazos abiertos para todos los movimientos de resistencia que han dicho no a la minería".
"Venimos enfrentando un grave problema de contaminación por la explotación de nuestros territorios por parte de empresas trasnacionales", afirmó Carrión, que representa uno de los sectores indígenas más radicales contra las actividades extractivas en Perú. Añadió que "la razón de los desastres naturales" se da "cuando la mano del hombre trata de sacar los recursos de la tierra en beneficio de algunas personas".
Carrión saludó los pasos dados por los Gobiernos de Bolivia y Ecuador a favor de la protección de sus recursos naturales, y demandó al Estado peruano a que cumpla la ley de consulta previa, que le da a los pueblos indígenas la facultad de decidir sobre las actividades en su territorio y que fue devuelta por el Ejecutivo al Legislativo.
Sólo en la Amazonía, que comparten ocho países suramericanos, hay 300 pueblos nativos que, en opinión del presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para temas indígenas, Carlos Mamani, están desprotegidos por sus propios Estados. "Lo que preocupa a los pueblos indígenas es que la suerte de los pobladores (en zonas destinadas a la minería) depende de las grandes empresas", dijo Mamani en entrevista con Efe.
El representante del Foro Permanente agregó que "es difícil hablar de ausencia del Estado" en naciones como Colombia o Perú, porque lo que ocurre es un vacío deliberado del Estado para facilitar la violación de los derechos de los indígenas. Hay una asociación entre los intereses de las élites que administran el poder y de las empresas trasnacionales", indicó.
La minería creció durante este año un 43% en Perú, con inversiones por 2.700 millones de dólares (de enero a septiembre pasado), según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Mamani explicó que las comunidades nativas promueven el respeto a la naturaleza, como la base de su filosofía del "Buen Vivir", pues la tierra tiene una relación estrecha con el ser humano. El portavoz añadió que es necesario establecer una ética de comportamiento y de uso racional de los recursos, pero remarcó su negativa a la minería porque "la mina es muerte y contaminación".
Durante la inauguración, que estuvo precedida por un ritual de pago a la tierra y música folclórica, el presidente de Conacami envió su felicitación al líder indígena Alberto Pizango, que hoy anunció su intención de postular a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año.
El foro se celebrará hasta el próximo sábado en el Museo de la Nación de Lima, con el objetivo de consensuar una postura de las naciones nativas con miras a la convención sobre el cambio climático anunciada para fines de este mes en Cancún (México).
Cambiar el modelo para resolver los conflictos mineros. Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir
Panel "Minería y desarrollo extractivo. Impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas" plantea la articulación de estrategias en defensa de los derechos y de la Madre Tierra.
La expansión minera en el continente es consecuencia del modelo neoliberal extractivista y solo cambiando este modelo será posible evitar los impactos de la minería, plantearon los integrantes del segundo Panel Central del Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, quienes destacaron la necesidad de articular las estrategias de los pueblos afectados.
Participaron en este panel, titulado "Minería y Desarrollo Extractivo. Impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas", Armand Mackenzie, indígena Innu de Canadá; Mario Valencia, colombiano, de la Alianza Social Continental; David Pereira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador; y Julia Cuadros, peruana, Subdirectora de CopperAcción. El moderador fue Javier Sánchez, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Armand Mackenzie relató que su familia vivía cerca de una comunidad minera. Sus padres se dedicaban a la caza. Pero con la minería, sus actividades empezaron a cambiar. "Mi papá trabajó en una mina por muchos años, pero nunca pudo formar parte del sindicato porque era un indígena", señaló.
"Debemos reconocer los avances que significa el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son dos instrumentos legales que debemos tener en cuenta. En este punto debemos poner mayor énfasis. Porque en comunidades como las suyas que enfrentan los impactos de las minas, debemos recurrir a espacios internacionales para defender nuestros derechos", subrayó el indígena Innu.
Todos estamos pasando estas experiencias en nuestras comunidades, que dan como resultado destrucción de nuestras montañas, contaminación, pobreza, indicó. Por ello, "cuando llega una minera, debemos luchar para que se respeten nuestros territorios y el derecho al consentimiento previo, libre e informado".Informó que la forma en que se conducen las empresas mineras en Guatemala, Perú, Chile y otros países ha sido tema de debate en Canadá durante un mes. "Hemos formado parte de un proyecto de ley que habla sobre la protección de pueblos y comunidades frente a las actividades mineras en la región. Y la misión para la revista para la que trabajo en Canadá es denunciar los abusos de las mineras en estos países"
Las compañías canadienses, reconoció, son las que más vulneran los derechos en los países latinoamericanos. Son un tema pendiente en Canadá, donde siempre se habla de responsabilidad social corporativa.
Mario Valencia, de la Alianza Social Continental, informó que la Red Colombiana frente a la gran minería transnacional nació en febrero de este año con 48 organizaciones, para trabajar de manera unificada.
Fue enfático en señalar que el problema de la minería es el problema de la sociedad y del modelo económico, impuesto por las potencias del norte a los países del sur. "La solución al problema de la minería, debe pasar por la solución de los problemas económicos y sociales. Por el cambio de modelo", subrayó.
La expansión minera, explicó, tiene que ver con la necesidad de los países ricos de controlar los recursos, el suelo, el subsuelo y hasta la atmósfera, para que sus industrias sigan funcionando. Para ello utiliza los tratados de libre comercio, el fomento a las inversiones. O las bases militares y la invasión directa.
En el caso colombiano, el 30 de octubre del 2009, Álvaro Uribe firmó un acuerdo con Estados Unidos entregándole el control de todas las bases militares.
En esta etapa, dijo, lo que se busca es resolver la crisis financiera y hacer que el dólar siga comprando barato todo lo que hay debajo de la tierra (petróleo, minerales). Y los proveedores somos los países suramericanos, desde México hasta Chile.
Hoy la minería es el mayor negocio especulativo financiero en el mundo. Esto va acompañado con la disminución del control de los Estados lacayos del capital extranjero, que renuncian a su papel fiscalizador y se enorgullecen del boom minero, que es la toma de los recursos, los territorios, la soberanía, indicó Valencia.
Agregó que los países latinoamericanos se han vuelto expertos en eso: Perú, México y Colombia son para el Banco Mundial los países donde hay más facilidad para hacer negocios. El 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión por las trasnacionales.
Los impactos ambientales de la minería a cielo abierto son irreversibles, advirtió. Despojan territorios y reprimarizan la economía. Es una actividad excluyente: donde hay minería a cielo abierto, solo hay eso, ninguna otra actividad.
"Solo podemos detenerlos con la movilización, la lucha y la mayor unidad. Los pueblos indígenas solos, los trabajadores solos, los campesinos solos, no podrán. Con la creación de la red colombiana nos hemos puesto de acuerdo en un solo punto de consenso: defender la soberanía de nuestro territorio y recuperar el control de las riquezas naturales. Lo que se plantea es una lucha: o se quedan las transnacionales con nuestros territorios o nos quedamos nosotros, los dos nos cabemos", concluyó.
David Pereira informó que en El Salvador no hay minería metálica a nivel de industria. "Hay una férrea lucha de las comunidades con la presión de empresas transnacionales que quieren entrar a nuestros territorios y tienen permiso de exploración".
Relató que han desarrollado un proceso de debate y sensibilización, articulando a las organizaciones en la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. Hicieron movilizaciones, se tomaron los cerros donde las empresas estaban explorando. Las comunidades lograron expulsar a dos empresas.
Inicialmente –recordó- hubo diferentes planteamientos: unos hablaban de moratoria, otros de reformar la ley, otros más de centrarnos en la minería a cielo abierto. Pero los impactos son los mismos, así que decidimos que la lucha era: no a la minería metálica. Empezamos la pelea en octubre de 2005. A mediados del 2006, luego de mucho invitar al Ministro del Medio Ambiente, este por fin asistió a un foro.
El ministro en reunión privada reconoció que estamos en pañales sobre el conocimiento de los impactos de la minería. "Ustedes nos han abierto los ojos con sus estudios. Ustedes hagan una propuesta de ley que prohíba la minería metálica y yo gestiono el respaldo de los diputados de mi partido, dijo... En diciembre sacaron al ministro. Pero ya muchos sectores, incluso la iglesia, se habían sensibilizado".
En El Salvador, destacó, estamos ante la posibilidad de lograr una ley que prohíba la minería metálica. Pero se podría anular este logro porque países vecinos sí la tienen. Como sucede con Guatemala, que afectará el río más grande de nuestro país. Son cuencas compartidas, por eso nos planteamos la lucha contra los impactos de proyectos mineros transfronterizos. Y estamos en la tarea de construir alianzas regionales.
Para Julia Cuadros, la riqueza del Foro se basa en la diversidad de realidades y experiencias. CooperAcción acompaña cuatro casos: Río Blanco, Las Bambas, Doe Run y Tintaya.
El Perú, informó, vive una alta conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, el 50% de los conflictos en el Perú son socioambientales y de ellos 80% son por industrias extractivas (70% por minería). La causa fundamental es la expansión territorial de la minería, porque afecta derechos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, con las que la minería compite por agua y tierra, dos recursos escasos.
Advirtió que hay zonas que nunca estuvieron pensadas para la minería y ahora están siendo concesionadas: Apurimac, la Amazonia. Y que para ello el modelo económico requiere flexibilizar las normas, desaparecer los controles. Y so pretexto del Tratado de Libre Comercio, se dieron más de cien decretos legislativos, algunos de los cuales vulneraban directamente derechos indígenas: ese fue el origen de la Masacre de Bagua de junio del 2009. El Ejecutivo, además, ha vetado el dictamen de ley de consulta aprobado por el Congreso de la República, finalizó.
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