Un año después de que la Cámara de Representantes negara el Referendo por el Derecho Humano al Agua los problemas de acceso al agua potable y de gestión del ciclo hidrológico en el territorio nacional se han agudizado, al tiempo que los Planes Departamentales de Agua, publicitados por el gobierno anterior y continuados por el actual como “la solución”, naufragan en un mar de corrupción e ineficiencia.
Hace pocos días fue revelado el informe de la Contraloría General de la República sobre dichos planes en el cual se concluye que los PDA no son viables, se señala que de 600 municipios inscritos en ellos solo en 200 se construirían las obras de acueducto necesarias, mientras que los 400 restantes pignoraron sus recursos para la ejecución de obras que nunca verán.
El informe revela que de los 1.1 billones de pesos aportados por los municipios, solo se ha ejecutado el 20% y que los principales beneficiados han sido los Bancos en los cuales se encuentran depositados los dineros. Numerosos municipios no tienen como pagar el costo de la fiducia que maneja sus propios recursos. En Departamentos como el Cesar y otros de la Costa Atlántica, pioneros en la ejecución de los PDA, la Contraloría ha encontrado graves episodios de corrupción.
Recordemos que los Planes Departamentales de Agua al igual que el esquema de privatización y mercantilización del agua de la Ley 142 de 1994, fueron esgrimidos por la entonces Viceministra de Agua, Leyla Rojas, como la alternativa a nuestra propuesta de consagrar en la Constitución el derecho humano al agua, el mínimo vital gratuito y la gestión pública y comunitaria del agua. Nuestras iniciativas fueron presentadas por la mencionada funcionaria y la bancada uribista como perniciosas para que el Estado pudiera cumplir de manera planificada con el objetivo de calmar la sed de más de nueve millones de compatriotas. Muchos municipios fueron obligados y chantajeados para que ingresaran a los PDA y los críticos de la iniciativa fuimos calificados de ilusos o extremistas.
Hoy el informe de la Contraloría confirma nuestros pronósticos. Altos funcionarios del Gobierno, algunos de los cuales también formaron parte del gobierno anterior, aceptan que los PDA requieren una reestructuración, que seguramente resultará en un nuevo fracaso pues a lo que no quieren renunciar es al modelo que convierte el agua en una mercancía, y los dineros del Estado y de los ciudadanos en alimento de las jugosas ganancias del sistema financiero.
Entretanto el país continúa inundado, la otra cara de la moneda. En Colombia se padece sed con el agua al cuello. Otra de las propuestas del Referendo era precisamente la de proteger el ciclo hidrológico, destinando los ecosistemas esenciales para dicho ciclo a su función natural, es decir no deforestando las cuencas, no dedicando los páramos a la minería, no desecando los humedales, respetando los territorios étnicos.
La ola invernal que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un “modelo de desarrollo” y de urbanización en contravía con la realidad hídrica del país, constituye un desolador escenario en el cual ciudades como Cúcuta y Yopal han visto inutilizados sus acueductos, al igual que numerosas poblaciones ribereñas del Magdalena y otros ríos que arrastran tal cantidad de lodo que hace imposible la operación de las plantas de potabilización. Este problema ha llegado incluso a poner en riesgo el suministro de agua proveniente de la Planta de Tibitoc en Bogotá. Se confirma así que la carencia de agua potable y las inundaciones son un doble desastre y constituyen fenómenos interconectados.
El gobierno sin embargo anuncia una reconstrucción basada en obras de “aconductamiento” del agua: canalizar ríos, dragar, elevar jarillones, construir más represas, etc. Estas seudosoluciones, soportadas en la llamada infraestructura gris y basadas en la creencia de que es la naturaleza la que esta equivocada y causa el mal, parecen mas encaminadas a favorecer los carteles nacionales y transnacionales de la contratación y al sistema financiero que a resolver los problemas de fondo y demuestran que quienes nos gobiernan no han aprendido un ápice de la lección que estamos recibiendo.
Por ello a un año del portazo que la mayoría uribista dio al Referendo por el Derecho Humano al Agua, reafirmamos que solo una política fundamentada en su reconocimiento, en la gestión pública y comunitaria, sin ánimo de lucro, del servicio público de acueducto y alcantarillado, y en la protección de los diversos elementos del ciclo hídrico (la infraestructura verde), es la única manera de evitar el doble desastre de las inundaciones y la carencia de agua potable.
Organizaciones
Sintramesdes
Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos
Avocar
Censat
Liga de Usuarios de Bogotá
Personas
Hernán Darío Correa
Enrique Galán Roa
Rafael Colmenares Faccini
Oscar Gutiérrez
Tatiana Roa
DICK JHONSON PRESENTE!
A continuación encontrarás un comunicado dirigido a los colombianos. Si quieres adherir al mismo o tu organización quiere hacerlo, háznoslo saber al correo rafaelcolmenaresf@yahoo.es
Gracias por tu colaboración.
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