Movilización nacional por la corrupción en el sistema de salud

Marcha realizada el pasado 24 de mayo de 2011. Los dolosos hechos protagonizados por algunas EPS contra la salud de los colombianos, durante años, visibilizados en los escalofriantes escándalos de los últimos días, son suficientes para que el gobierno, los organismos de control y de protección de los derechos humanos, oficiosamente, tomen las medidas precautelativas necesarias para blindar los recursos de la salud y no dejarlos expósitos frente aquellos que se han asociado para defraudarlos.

¿DELITO DE LESA HUMANIDAD?

Los hallazgos, producto de las investigaciones de los organismos judiciales y de control, de la Universidad Nacional , de la Superintendencia de Industria y Comercio y los encontrados por los medios de comunicación, así como las sanciones impuestas a regañadientes por la SUPERSALUD a varias EPS, las denuncias hechas por usuarios, organizaciones gremiales y sindicales, las capturas proferidas contra algunos de los responsables que ya manifestaron su deseo de colaborar con la justicia y la aceptación del Presidente de la República sobre “desfalco superior a los cuatro billones de pesos”, terminaron por develar el más grande y billonario acto de corrupción de que se tenga noticia en la historia del país, cometido a través de repugnantes hechos delictivos de algunas EPS, a quienes Ejecutivo y Legislativo entregaron la administración de los recursos de la salud y gran parte de la prestación de estos servicios, en detrimento de la red pública hospitalaria y de los ciudadanos, para ello utilizaron el cabildeo hasta eliminar a los reguladores de precios, como lo eran las Cajas de Previsión Social y el Instituto de Seguros Sociales. Según las investigaciones y las capturas, los repudiables actos contra los recursos de la salud fueron ejecutados en connivencia con funcionarios públicos que no resistieron los embates de la corrupción. El carácter colectivo de los derechos humanos afectados, el presunto concierto para delinquir, podría catalogarse como delito de lesa humanidad.

LOS HALLAZGOS

Lo encontrado por los investigadores y publicitado en todos los medios de comunicaciones se pueden resumir así: “Sobrecostos de medicamentos hasta de un 400% por encima del valor real y recobros por fármacos y procedimientos que por estar en el POS ya se habían pagado a algunas EPS; negación de servicios a través de múltiples subterfugios; cobros y recobros utilizando falsas tutelas; negación de pago a prestadores; glosas exageradas e inexistentes a la red hospitalaria; declaración de insolvencia para no pagar; manipulación de las bases de datos; utilización de los recursos de la salud en asuntos ajenos a su destino: equipos de fútbol, canchas de golf, hoteles, inversiones en el extranjero, entrega de la infraestructura pública para explotación privada, intermediación onerosa de los servicios y de las relaciones laborales. ”

A medida que aparecen los escándalos se agiganta la indignación ciudadana en todos los rincones del país y comienzan a aparecer responsables, así lo demuestran la apertura de investigación preliminar contra los 34 gerentes de las EPS por su responsabilidad en el billonario desfalco, la intervención a Salucoop, las 15 órdenes de captura y los cinco capturados, faltan los peces gordos y que se establezca la responsabilidad política y patrimonial del ejecutivo y el legislativo en la quiebra de la salud.

POR UN NUEVO SISTEMA DE SALUD

No hay duda, el sistema impuesto por la Ley 100 de 1993; los daños causados en sus 17 años de existencia dejan un panorama dantesco: Hospitales cerrados, muerte del Instituto del Seguro Social y la Caja Nacional de Previsión Social, agonía de la salud, pauperización del trabajo, deshumanización, la salud como comercio, corrupción sin límites, violación de los derechos humanos, miles de muertos. Situación que no podemos seguir soportando. Necesitamos un nuevo sistema de salud sin ningún tipo de intermediación en su administración, cuya estructura se construya para garantizar con total equidad el derecho fundamental a la salud, con participación y control social, en donde la salud no sea una mercancía.

Estamos de acuerdo con que los responsables paguen con cárcel, pero si se mantiene el sistema actual de aseguramiento que ya fracasó, llegarán otros con otros métodos de corrupción, y la gente seguirá muriéndose en las puertas de los hospitales, por consiguiente EL MODELO DEBE CAMBIARSE, EN TODA SU CONCEPCIÓN, DISEÑO Y ESTRUCTURA…ES EL MOMENTO.

PETICIÓN PÚBLICA DE MEDIDAS CAUTELARES

Los dolientes de la salud, las víctimas de la Ley 100/93, los estamentos básicos de la salud, extra e intrahospitalarios: gerentes, trabajadores de la salud y distintas organizaciones (gremiales, sindicales, científicas, académicas), haciendo causa común, como mecanismo de protección del derecho individual y colectivo fundamental de la salud y la seguridad social de los colombianos, exigimos públicamente al Gobierno y a los organismos de control, que para mantener los recursos y la prestación de los servicios de salud alejados de quienes los han defraudado, tomar las medidas cautelares necesarias y pertinentes, entre ellas, las siguientes:

- Eliminación de todas las formas de intermediación.

- Obligar a las EPS involucradas a devolver los recursos pagados por el FOSYGA a ellas por medicamentos y procedimientos POS y los recobros fraudulentos.

- Eliminación de giros directos a las EPS. En su lugar, girar directamente a las secretarías de salud departamentales y distritales para que estas operen directamente el régimen subsidiado y la atención primaria, quienes deben contratar directamente con la red pública.

- Eliminar el principio de la sostenibilidad como condición de existencia de los hospitales públicos y prestación de servicios a la comunidad.

- Embargar a las EPS involucradas en el escándalo sus bienes, por suma igual al desfalco y los daños causados.

- Pago inmediato de las deudas que las EPS tienen con la red pública hospitalaria.

Además, pedimos que se declare el ESTADO DE COSA INCONSTITUCIONAL a todo el Sistema de Salud, porque con su aplicación se “vulneran masivamente varios derechos constitucionales derivados de la negación al servicio de salud”; la acción de tutela para garantizar el derecho conculcado es prueba de ello; la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos es otra prueba.

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