El Gobierno islandés trabaja en la elaboración de una nueva constitución en la que, por primera vez, los ciudadanos podrán participar de forma directa a través de los distintos canales puestos a disposición en la red en un ejercicio participativo sin precedentes, haciendo gala de la externalización de tareas conocida como ‘crowdsourcing’.
Esta pequeña república de apenas 331.000 habitantes se ha venido caracterizando por afrontar la aún vigente crisis financiera dejando en manos del pueblo aquellas decisiones que habrían de afectarles de forma directa, lo que evitó que, al contrario que en otros países europeos, tuvieran que hacer frente a las multimillonarias deudas de sus bancos.
Desde la web Stjörnlagaráò, dedicada exclusivamente a la reforma constitucional, los islandeses pueden consultar cada semana los nuevos artículos propuestos para su inclusión en la carta magna y comentar directamente sobre la idoneidad de los mismos. Los textos son publicados a su vez en Facebook y Twitter, mientras que en Youtube se publican periódicamente entrevistas con cada uno de los 25 miembros del consejo constitucional. Por su parte, Flickr sirve como escaparate en el que retratar el trabajo de los diversos consejeros.
Islandia busca evitar errores del pasado mediante la participación explícita de sus ciudadanos para, entre otras cuestiones, impedir una repetición de la crisis económica. Así, una de las primeras reformas de la constitución consistirá en una separación de poderes más clara y contundente y en la aplicación de cambios significativos a la hora de elegir cargos políticos y judiciales.
Uno de los miembros del consejo constitucional, Thorvaldur Gylfason, asegura que de este modo “el público ve la constitución nacer ante sus ojos”, permitiendo que el pueblo formase parte del proceso constitutivo más allá del referéndum final, participando desde el principio en su redacción. Según Gylfason, por el momento las aportaciones de los usuarios “han sido de mucha ayuda y han tenido un efecto positivo en el resultado, hay muy buena voluntad en lo que están intentando hacer”.
Sin duda Islandia supone una referencia a seguir en el camino del open government y la transparencia administrativa para el resto de Europa. Cabe esperar, no obstante, a la aplicación final de la participación colectiva al futuro texto constitutivo para comprobar si, realmente, otra política es factible.
Vía | The Guardian
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