El robo del sistema de salud en Colombia: Crónica de Juan Gossaín

 

Juan Gossaín hace un crudo repaso de las lacras que llevaron al sistema a un estado agónico.

Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia.

En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. Caprecom, empresa a la que está afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo sin costo, por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.

En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor.
Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral.

¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo seis meses, entre enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud? Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar. Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse.

Lo que está pasando es que el sistema colombiano de salud se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería, se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y con la podredumbre que campea en las oficinas públicas.

38 billones por año

Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias, que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología. El sistema no resiste una reforma más.Es un régimen insostenible.

En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos. La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres.

Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos.

Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud”, que son el origen de nuestras desgracias.

La paradoja más grande y más dolorosa es esta: nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan crítica. Lo primero que uno hace, pensando en los 38 billones de pesos, es comenzar a preguntarse: ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero? ¿Por qué clínicas y hospitales están en crisis?

Cobran, pero no pagan

La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los servicios que prestan. Según un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros y el Gobierno Nacional, más municipios y departamentos, le deben al conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos.

A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen. El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe otro 17 por ciento. Para ser rigurosamente exactos: el 17,2 por ciento. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa índole. Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso. Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.

Hospitales en quiebra

Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. Conseguí la lista de los cinco más afectados y de la suma que les estaban debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado. Tres de ellos son de Medellín.

1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben 248.000 millones.

2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.

3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.

4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.

5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.

Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro. Agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir. Es decir: acabar con la calidad.

Honorarios congelados 

El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos.“De algo tengo que vivir”, me dijo. El otro día, uno de sus pacientes lo demandó, alegando negligencia profesional, y le reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos.

Presionados por las empresas promotoras de salud, que los someten a humillantes procesos de “negociación”, y que amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que aceptar, año tras año, que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001. Así, un médico que recibe pacientes de las EPS es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable.

Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y la atención, más deficiente.

Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud.Pero, en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de pesos. Hace once años, les costaba tres. 

Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.

El naufragio de Caprecom

Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les debe 680.000 millones de pesos.

Caprecom se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por dentro a esa entidad que, hace unos tres años, el gerente de un laboratorio de medicamentos, que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones.

En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripa AH1N1, Caprecom compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflú. Pagó 27.000 pesos por cada dosis. En el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225 por ciento. Tampoco ha sido posible saber, hasta el sol de hoy, cuál fue el proceso que hizo Caprecom para comprar 1.300 computadores.

La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral.

Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?

Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por trece brigadas sanitarias que debían haberse hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las inundaciones. La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que, a los nueve meses, cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los albergues.

En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80 por ciento del país, incluyendo las regiones más olvidadas, como el Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para las EPS privadas. Calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos colombianos.

Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración. Una sola. Con cara de desconsuelo, me dijo:

-La verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos congresistas.

¿Menor? A mí me parece que es la mayor.

Las EPS privadas 

Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema. Todos los días aparece una nueva forma de la corrupción. Por ejemplo: dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el “servicio de enfermería en casa”, incluido en el Plan Obligatorio de Salud.

Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa”, que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio: una como “auxiliar” y otra como “cuidador”. Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios.

Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país civilizado.

En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud. Es lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como “p y p”.

Se supone que las EPS reciben ese dinero, que es del pueblo, y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas preventivas.

Pero la verdad es otra: solo les transfieren 140 pesos por paciente. Es decir: la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Haga cuentas, por cada paciente. Uno se pregunta, alarmado,si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué no descubre ese desfalco?

¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos. Fundan clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio. Natural que así sea: no están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata.

Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que, además de meterlos en cintura, los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al Presidente de la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más.

Ladrones en todas partes

La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio. El sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria, sino dos: una para las personas que pagan su contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado. El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen.

En cuanto a los subsidios, son incontables los municipios que reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera. (Es un caso similar al de la educación: para sacarle dinero al Estado, hay colegios y universidades que envían unas listas de becarios que superan en cantidad a todos los matriculados.)

Epílogo con sugerencias

Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente, y después de consultar a tantos expertos, puedo repetir, sin quitarle ni una coma, lo que dije en el primer párrafo: el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua.

Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:

1.- Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes.

2.- El desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado, y no de los particulares.

3.- Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan.

4.- Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza: que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa.

5.- En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.

6.- El sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención. La atención es el complemento.

Y, por último, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no depende del Gobierno, sino de Dios: que un milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio.

En este momento su madre está pidiendo limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como “cristales para rellenar cuencas”.

Ah, pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un juez castigue a los culpables. Termino aquí porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.

Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO

Posted in: colombia, Medicina y curación